¿Por qué Buenos Aires le declaró la guerra a la música electrónica?

Artículo publicado originalmente en THUMP US.

Todas las fotos han sido tomadas por el autor, a menos que se indique lo contrario.

A tempranas horas del 16 de abril, una flota de ambulancias irrumpió en el complejo de ocio Costa Salguero a las orillas del Rio de la Plata, donde la tercera edición argentina del Time Warp—un importante festival de música dance originado en Alemania en la década de los 90—estaba en plena efervescencia.

De acuerdo con un reporte de la BBC, cinco personas de edades entre 20 y 25 años murieron luego de haber consumido drogas en el evento de esa noche, mostrando rastros de pastillas rojas—posiblemente las píldoras conocidas como "Superman", relacionadas con una serie de muertes en el Reino Unido el pasado año—en sus cuerpos. Según los medios locales, otros cinco asistentes fueron hospitalizados, uno de los cuales podría haber muerto, aunque THUMP aún no ha verificado esa información.

Ya había habido señales de advertencia del desastre que se avecinaba. Fuentes del gobierno indicaron a THUMP que cerca de 24000 personas habían sido admitidas, a pesar del límite de venta autorizado de 13000 boletos. El recalentamiento causado por el público abultado empeoró cuando se cerraron los grifos de agua a eso de las 2 am, muchas horas antes de que terminara el evento, lo que significó que la única opción era comprar botellas de agua de 40 pesos ($2.80)—caro para los estándares argentinos—a través del complicado sistema de la compra de tickets en un bar plagado de ravers sedientos.

La tragedia en Time Warp marcó el comienzo de una guerra declarada por el gobierno local contra la música electrónica en Buenos Aires. Las tensiones entre las autoridades y los DJs, promotores, y dueños de locales de la ciudad—caldeándose desde 2004, cuando un incendio masivo en una discoteca tomó 194 vidas– han estallado en una prohibición temporal de eventos de música electrónica en toda la ciudad, anunciada el 11 de mayo. Muchos festivales y conciertos en Buenos Aires ya han sido cancelados o pospuestos, propagando una nube de incertidumbre sobre el futuro de la vibrante cultura de música electrónica de la capital argentina, mientras que las autoridades locales discuten cuál es la mejor manera de regular su enigmática vida nocturna.

El primer movimiento del ajedrez político en desarrollo de las autoridades locales provino de Roberto Gallardo, juez de la ciudad, quien presentó una orden judicial el 28 de abril, casi dos semanas después de las muertes, prohibiendo "toda actividad comercial que involucre bailar al ritmo de música en vivo o grabada", con excepción de eventos más tradicionales como las milongas de tango presentadas en centros culturales.

La resolución de Gallardo fue efectivamente un intento por cerrar todos los clubes de la ciudad, mientras las autoridades determinaban cuáles de ellos ponían música electrónica. Según la propuesta del juez, la prohibición sería entonces aplicada a aquellos locales donde hubiera fiestas raves.

Muchos rincones de la ciudad se opusieron férreamente a la prohibición generalizada de Gallardo. En un video publicado en su cuenta de Twitter, el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, la señaló como una "idea verdaderamente loca" equivalente a sacar todos los carros de las calles después de un accidente de tránsito. Según reportes, Jorge Becco, director de la cámara de propietarios de discotecas de Buenos Aires, preguntó en televisión local "¿Cómo se obedece una orden tan inconstitucional como ésta?"

En una declaración escrita a THUMP, Gallardo expuso sus motivos, argumentando que el Estado debería tener control de todos los eventos públicos para así poder "garantizar la integridad física y la vida de los consumidores". Reprochó a todos—incluyendo a los oficiales y dueños de locales—los que criticaron su medida sin asumir la responsabilidad por los "crasos errores" en la normativa general de la vida nocturna.

"Nadie debería evadir sus obligaciones legales, o resultar impune por los daños que han causado", escribió Gallardo.

A pesar de esto, la medida de Gallardo fue suspendida solo horas más tarde por otro juez, Lisandro Fastman, quien dejó claro que la prohibición debería ser aplicable solo a festivales de música electrónica. El 11 de mayo Fastman emitió una nueva orden, todavía en efecto, que prohíbe temporalmente a todos los establecimientos comerciales realizar eventos con "características similares" a las de Time Warp –incluso si los locales cumplen con las regulaciones de seguridad. Fastman escribió que su medida fue diseñada para "salvaguardar la salud e integridad física" de la gente que asiste a antros, mientras el sistema de justicia revisa apelaciones del gobierno de la ciudad y de un grupo lobby a favor de la industria nocturna.

Pero algunos de aquellos más cercanos a las víctimas culparon a las drogas malas y no a la música por las muertes. Es un post público de Facebook con fecha de 19 de abril, Mayra Broni, prima de la víctima de 21 años, Bruno Boni, alegó que una jarra de agua pinchada con una sustancia tóxica comenzó a circular por los baños cuando se acabó el agua en las barras. "Chicos en diferentes partes [del festival] bebieron algo al mismo tiempo que los mató", escribió Mayra.

Mica Altamira, novia de Bruno Boni, también culpó a los dealers por las fatalidades. "Ellos mataron a mi novio como si fuera una rata en una laboratorio", tuiteó, refiriéndose a los que vendieron la sustancia letal a los asistentes del festival.

Altamira, quien no asistió al evento, se rehusó a hablar en profundidad sobre la investigación judicial de la muerte de Boni. "Esperamos que caiga la gente que tiene que caer, para que todo esto no sea en vano", dijo a THUMP a través de Twitter. "Esperamos que todo salga a la luz".

Mientras tanto, tres supuestos dealers fueron procesados en una corte argentina el pasado viernes (6 de mayo) en sospecha de haber vendido drogas en el festival. Los organizadores del festival también han sido blancos de las autoridades. A finales de abril, Adrian Conci, director de la firma de Dell Producciones, productora de Time Warp Argentina, se entregó en custodia mientras, según dicen, lloraba y se aferraba a un rosario. (Las ediciones internacionales de grandes estivales, incluyendo Time Warp, funcionan muchas veces como franquicias en asociación con promotores locales). Un abogado que representa al festival también fue arrestado, señalado por la parte acusadora de haber sido clave en la organización del fatal evento.

Ésta no es la primera vez que Argentina se ve sacudida por una tragedia relacionada con la vida nocturna del país. El 30 de diciembre del 2004, un incendio avasallante en la discoteca República Cromañón ubicada en el centro de Buenos Aires, tomó 194 vidas cuando una bengala incendió el techo, sofocando al público en humo tóxico mientras intentaban escapar a través de las puertas de emergencia cerradas bajo llave.

Ha surgido evidencia de que el club había recibido los permisos del gobierno a pesar de no contar con las medidas básicas de seguridad, por lo que su dueño fue encarcelado por 20 años. El entonces alcalde de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, fue destituido en 2006 luego de largas investigaciones del desastre.

Experimentados de la industria musical que viven la situación desde adentro, incluyendo a músicos, promotores, DJs y dueños de locales, dijeron a THUMP que el incendio de Cromañón marcó el inicio de una política gubernamental prohibitiva que busca restringir actividades culturales como ir a clubes y eventos en vivo, en lugar de alentar a los ciudadanos a disfrutarlas responsablemente.

"Era realmente difícil encontrar lugares donde tocar", dijo Andrés Schteingart, un porteño que produce cumbia digital bajo el nombre de El Remolón, y quien desde el 2002 al 2004 fue parte de un crew que organizó raves de niveles diversos en estacionamientos que atraían a miles de personas. El cover de estos eventos DIY era un artículo de comida no perecedera, donada luego a una ONG local. "Las discotecas se preocuparon porque podrían perder su negocio y comenzaron a amenazarnos", dijo. "Cuando llamaron a las autoridades, tuvimos que parar".

Las restricciones del gobierno en la vida nocturna luego del incendio de Cromañón, continúo comentando Schteingart, eran "punitivas y restrictivas", pero solo se enfocaban en pequeñas fiestas DIY, dejando a los eventos más grandes relativamente ilesos porque las autoridades creían que serían más fáciles de regular.

"Ahora, [después de] Time Warp, parece que eso también está cambiando", dijo.

La campaña post -Time Warp contra la música electrónica ha resultado ya en la cancelación de grandes eventos, incluyendo el Diynamic Festival y un show de Dash Berlin el pasado mes. Productores independientes detrás de eventos de menor envergadura también sienten caminando en la cuerda floja con todas las regulaciones excesivas. FEBA, un festival electrónico que esperaba unos 400 visitantes el 7 de mayo, fue pospuesto por el Centro Cultural Konex, un local gestionado por una fundación que estuvo temporalmente cerrado en 2014 por falta de procedimientos de evacuación, como señal de respeto por las víctimas de Time Warp.

Las inspecciones gubernamentales también han repuntado. En Bahrein, una discoteca popular, un empleado declaró a THUMP que las autoridades han estado visitando el local dos noches cada fin de semana desde lo sucedido en Time Warp para verificar que se estén tomando las medidas de seguridad necesarias. El 6 de mayo, una discoteca ubicada en el complejo Costa Salguero, donde se llevó a cabo Time Warp, fue clausurada por múltiples violaciones, entre ellas la admisión de menores. El fin de semana anterior, más de 1000 personas fueron echadas de una glamurosa fiesta de "boda falsa" en un club llamado GEBA cuando la policía irrumpió por medidas de seguridad inadecuadas.

El músico y promotor de FEBA, Nicolás Ejchenbaun comentó a THUMP que entiende la decisión, pero resiente ser asociado con eventos de mercado masivo como Time Warp. "Es una pena para un proyecto independiente el ser confundido con la plaga de superproducciones creadas para hacer dinero y promover el narcotráfico, solo porque también usa la palabra 'electrónica'", escribió en Facebook.

La misma noche en la que el show de Ejchenbaun estaba programado, la artista electrónica, Agustina Vizcarra, vociferaba notas psicodélicas sobre riffs de techno ondeantes en un sótano al otro lado del pueblo. Vizcarra dijo a THUMP que le habían cancelado muchas tocadas en las semanas recientes, y acusó a las autoridades de "demonizar" su música al incitar a la sociedad a "juzgar a una cultura en términos morales".

El problema real que plaga la industria musical de Buenos Aires, según más de una docena de DJs, promotores y músicos entrevistados por THUMP, es la corrupción endémica, ya que muchos organizadores de eventos tienen a funcionarios locales en sus bolsillos. Estas relaciones financieramente lucrativas son difíciles de rastrear –pero los sospechosos de corrupción le hablan a la desconfianza penetrante del público sobre la capacidad del gobierno para arreglar un sistema roto, sin importar cuántas vidas se pierdan, o cuántas revisiones de seguridad se lleven a cabo.

"La corrupción lo mata todo, especialmente en el sector de la vida nocturna", dijo Martin Nardone (a.k.a Le Freak Selector), un DJ de house que asistió a Time Warp y organiza raves a puerta cerrada en el moderno barrio de Palermo. Nardone cree que en última instancia, en este sistema fraudulento, los pequeños promotores y fiestas terminan siendo excluidos.

"Todos los grandes locales están comprando a inspectores gubernamentales, pero los lugares más pequeños no tienen tanto dinero y terminan siendo cerrados", dijo. "Lo que mató a esos chicos no fue la droga o la fiesta, fue la corrupción", continuó, teorizando que Time Warp pudo haber sido capaz de salirse con la suya con medidas de seguridad relajadas debido a los sospechosos tratos con funcionarios.

Otro experimentado DJ, quien no quiso ser nombrado, declaró a THUMP que una "mafia" política lleva los antros de Palermo y controla muchos aspectos de la vida nocturna, incluso empleando a patrullas de seguridad de "barra bravas" –grupos poco organizados de hinchas de fútbol con reputación de violentos– para monitorear las calles y proteger los carros de los clientes de los clubes.

El DJ no tiene mucha esperanza de que las autoridades de la ciudad y los dueños de locales nocturnos encuentren una salida honesta para regular la industria de forma segura en tiempos venideros. "Para que algo como Time Warp no vuelva a ocurrir nunca más, tendrían que cambiar todo –pero eso es imposible", explicó. "Hay muchísimo dinero detrás de todo esto, y todos se quieren llenar los bolsillos".

A medida que se acerca el fin de semana, queda por ver si la prohibición del juez Lisandro Fastman sobre la música electrónica será aplicada por las autoridades o seguida por los clubes. Entretanto, mientras la legislatura de la ciudad sopesa sus opciones para una nueva normativa permanente, y los organizadores de Time Warp se preparan para una batalla judicial prolongada, el único hecho certero es que Buenos Aires continuará bailando al ritmo de sus beats underground –legalmente o no.

"Toda fiesta representa un tipo de protesta", dijo Nardone, quien continuará realizando eventos clandestinos como un acto de resistencia hacia la campaña contra la música electrónica. Pero si ya no hay más eventos gigantes de la envergadura de Time Warp, el inframundo comenzará a crecer nuevamente. La gente ya no se quedará en casa".

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