La historia de abuso sexual en escuelas que estremeció a Ecuador

Durante los últimos cuatro meses, Mónica Pérez ha pasado seis horas diarias en el colegio donde estudia su hijo de siete años. En ese tiempo, ha visto cómo muchos niños dejaron de ir a clase o fueron matriculados en otra escuela. Pero ella no quiso cambiar a su hijo; prefiere que sea la escuela la que cambie. Mónica y otros 14 padres y madres se convirtieron en una especie de guardianes de los estudiantes del colegio público Réplica Aguirre Abad, situado en uno de los barrios más deprimidos de Guayaquil, en Ecuador.

Identificados con un chaleco, han recorrido a diario las instalaciones de esta escuela, que se ha hecho famosa en el país tras revelarse, en octubre del año pasado, los abusos cometidos contra niños de entre seis y ocho años y el silencio que se trató de imponer a sus familias.

—Mi hijo no quería ir a la escuela. Estaba asustado. Me dijo que solo regresaría si yo estaba ahí para protegerlo —cuenta Mónica. Aunque no fue abusado, ella seguía preguntándole, por si acaso. Temía que, por miedo, no dijera la verdad.

Estas improvisadas brigadas de seguridad, que trabajaron hasta febrero de este año, con la terminación del año lectivo, reanudarán sus actividades en abril, cuando arranque el próximo curso, si las autoridades lo permiten. Los padres seguirán patrullando y vigilando las aulas, el patio y sobre todo los baños, escenario de los abusos que sufrieron los alumnos de este colegio por parte de cuatro profesores. De momento, hay diez denuncias aunque, según la fiscal Patricia Morejón, el número de víctimas rondaría un centenar.

Para garantizar el silencio, los maestros amenazaban de muerte a sus víctimas, incluso con cuchillos. Los menores cuentan que los obligaban a desnudarse, los fotografiaban, les daban de beber orina y abusaban sexualmente de ellos. Se investiga también un posible delito de pornografía infantil.

Martín* fue el primer niño que se atrevió a romper el silencio. Su historia tuvo eco en otros colegios. A los pocos días, se destapó otro caso en una escuela de Quito: un profesor fue detenido por presunto abuso sexual a al menos 84 menores de entre 12 y 14 años en el colegio intercultural Mushuk Pakari, ubicado en una antigua comuna indígena de la capital. No ha sido el único caso.

En ambos centros hay factores comunes. Los más llamativos son que las autoridades escolares incumplieron los protocolos y obstaculizaron las acciones judiciales. Al menos 40 autoridades escolares han sido denunciadas en todo el país por no haber interpuesto denuncias penales cuando supieron de casos de abuso, según el presidente de la Asamblea de Ecuador, José Serrano.

El estallido de estos casos ha evidenciado un problema que hasta ahora había sido silenciado. En Ecuador, solo el 15 por ciento de los delitos de abuso sexual son denunciados y apenas el 5,3 por ciento es sancionado, según Unicef. Para evitar la impunidad, Ecuador ha aprobado este febrero —mediante consulta popular— que los delitos de abusos a menores sean imprescriptibles. Era una de las consignas que se escucharon en las diversas protestas organizadas en las principales ciudades del país.

Martín habló porque su madre insistió en saber la verdad. Su hijo había cambiado su comportamiento. Se volvió agresivo. Pegaba a sus compañeros del Aguirre Abad a diario. “Llegaba con los cuadernos vacíos —cuenta Marjorie, su madre—, como si no hubiera ido a la escuela”.

Desde entonces, ella pasó días investigando en Internet, buscando herramientas para ayudar a Martín.

—Encontré que cuando los hijos sufren un cambio así, hay algo más allá. Fue cuando más me preocupé y empecé a investigar a fondo.

Al final, Marjorie consiguió que su hijo pusiera palabras a su horror. Palabras que trasladó a la entonces rectora del colegio, Patricia Cuenca, y que se volvieron en su contra. La responsable del centro, cuenta Marjorie, desoyó la historia de Martín, la encerró con llave en el despacho y la amenazó con denunciarla si acudía a la justicia.

“La ley establece que los docentes están obligados a denunciar todo delito que se produzca en sus centros educativos. Si no denuncian, podrían ser considerados autores del delito”, explica Hernán Ulloa, el abogado de Martín y otras familias afectadas.

A los demás padres, la ahora exrectora les contó que Marjorie estaba montando un escándalo por despecho. Pero más niños hablaron. Hasta diez familias denunciaron, aunque la fiscal estima que el número de menores abusados es “incalculable”. Según Unicef, una de cada cuatro víctimas de abuso sexual mantiene en secreto su historia por miedo a las consecuencias. Callan porque se sienten culpables, porque temen que las culpen.

Cuando el fiscal y la policía llegaron en octubre a las puertas del Aguirre Abad con una orden de arresto, la rectora les impidió el acceso. Media hora después, según el fiscal, los agentes saltaron la verja, pero ese retraso permitió que uno de los cuatro sospechosos huyera. El gobierno ofrecía una recompensa de 10.000 dólares para quien brindara información sobre su paradero. El 30 de enero fue detenido.

La rectora, la vicerrectora y el inspector han sido destituidos y se ha iniciado una investigación interna para dirimir responsabilidades. El ministerio de Educación ha ordenado auditorías y pruebas psicométricas para los maestros y plantea reforzar las leyes contra el abuso sexual en las aulas. Además, ofrece atención psicológica a los alumnos, a las víctimas y a sus familias.

“El código del silencio está institucionalizado. Se culpa a la víctima de dañar el nombre de la escuela, de las iglesias o de la familia. Pero es el abusador el que rompe estas instituciones”, cuenta Paola Andrade, una sobreviviente de abuso sexual –como ella misma se presenta– que coordina, junto a Unicef, una campaña para prevenir y actuar contra estos delitos.

También las autoridades del colegio Mushuk Pakari se desentendieron de las denuncias. Fue un psicólogo del Departamento de Consejería Estudiantil quien destapó los abusos. En cartas, al principio anónimas, algunas alumnas de entre 12 y 14 años dieron los detalles que armaron la acusación. La Fiscalía asegura que el maestro se aprovechó de las menores para abusar sexualmente de ellas. Afirma que para ello las invitaba a salir, a ver películas en su casa y les compraba ropa.

El profesor ya había tenido denuncias de abuso en esa y en otra escuela, pero su caso se archivó y, cuatro meses después, en septiembre de 2017, la dirección distrital lo consideró inocente y lo reubicó en su puesto. El 18 de octubre, una semana después de conocerse el caso del colegio Aguirre Abad, el presunto abusador fue detenido.

Las detenciones abren un nuevo proceso para las víctimas y sus familias. “Es un viacrucis que se hace a solas y a ciegas”, recuerda Paola, que, desafortunadamente, sabe de lo que habla.

“Está siendo muy duro. He estado a punto de perder el trabajo por atender a diario audiencias, declaraciones con el abogado, entrevistas con fiscales… Yo soy padre y madre para mis hijos, nadie puede hacerlo por mí”, cuenta Marjorie. El proceso judicial tras la denuncia puede tardar más de tres años.

Martín ha retomado su vida escolar en otro centro, pero aún sufre las secuelas del abuso.

—Tiene miedo de ir al baño, me pide que lo acompañe. Aún tiene pesadillas. Duermo con él abrazándolo y calmándolo. Le han destrozado la vida. Cierro los ojos y veo a esos hombres abusando de mi hijo. Tengo aún muchos interrogantes que quisiera preguntarle, pero la psicóloga me recomienda que no lo haga para que él no reviva el abuso.

Entre 2015 y septiembre de 2017, un mes antes de que estallaran los escándalos en el Aguirre Abad y en el Mushuk Pakari, la Fiscalía contabilizaba más de 4.800 denuncias por violación, acoso y abuso sexual contra menores. Al menos 714 sucedieron en instalaciones educativas.

Los datos no ofrecen un retrato fidedigno de la realidad. El Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura exhortó en 2016 a Ecuador a adoptar medidas para prevenir y eliminar la violencia escolar. En 2017, en el Examen Periódico Universal de la ONU se recomendó al gobierno investigar eficaz e imparcialmente el abuso sexual en los colegios.

—Hasta noviembre de 2016 no había ninguna campaña institucional de prevención. En Ecuador no había nada investigado. Ninguna institución tenía datos —cuenta Paola, que fue pionera en concienciar sobre el abuso. Me sabía todas las estadísticas internacionales porque era consciente de que no podía educar y sensibilizar a través de mi dolor.

Para dilucidar por qué han proliferado los delitos sexuales en las escuelas sin que hayan existido denuncias y por qué, cuando se han interpuesto, no ha prosperado la investigación, la Asamblea creó en agosto de 2017 la Comisión AAMPETRA.

Esta Comisión está formada por nueve legisladores. Sus siglas toman el nombre de la institución privada Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, que está grabado en la memoria colectiva de Ecuador desde 2012, cuando se hizo público un terrible caso de un profesor sometió a más de 40 alumnos a toda clase de aberraciones.

Crear esta comisión es lo “único” que las familias afectadas del colegio AAMPETRA han conseguido, cuenta Amparo Molina, portavoz de las víctimas.

—Falta obtener reparación integral para quienes fueron abusados. Aún tienen secuelas emocionales y físicas. Hay niñas con pérdida de retina, otra con una deformación en su pecho por los golpes. Hoy, más de siete años después, aún temen que el abusador salga y les busque. Nunca ha habido acompañamiento psicológico. Detrás de esos niños hay familias destruidas emocionalmente.

Una placa en el colegio AAMPETRA aún recuerda qué pasó en el aula de 6ºC. Colocarla fue una dura batalla.

José Luis Negrete no tenía experiencia docente ni los estudios necesarios para ser maestro. Aún así, entró como profesor en esa institución privada cuando tenía 22 años. En su aula, las ventanas estaban cubiertas por unas cortinas negras pagadas por los propios padres. Les dijo que era para facilitar la proyección de material didáctico, pero no era esa la intención de Negrete.

Mientras algunos niños vigilaban el aula, los otros eran sometidos a agresiones físicas, psicológicas y sexuales. El maestro obligaba a los 43 alumnos a pelear entre ellos, a imitar las películas porno que veían, les golpeaba, les humillaba y abusaba sexualmente de niños y niñas. Y ahora, han presentado una nueva denuncia en su contra por violación a una niña.

Algunos detalles de esta terrible historia han sido revelados a la prensa y otros lo narra Amparo Molina, portavoz de la víctimas. Los menores —dice Molina— consideraban aquello una “cárcel chiquita” y que el maestro les amenazaba con matarlos a ellos y a sus familias si hablaban. “El abusador es una persona inteligente y muy cercana que manipula a través del miedo, la violencia física y el poder que, en este caso, tenía por ser profesor”, explica.

Las familias de AAMPETRA exigen que los casos de abuso no se “politicen con banderas”. También medidas urgentes como la reparación integral de las víctimas, la creación de un sistema de monitoreo y prevención contra la violencia sexual en las instituciones educativas públicas y privadas, auditorías independientes, y responsabilidad penal y administrativa para los culpables y sus cómplices. También tienen un pedido para las familias: “Escuchen a sus hijos. Eduquémoslos sin tabúes y con enfoque de género”.

“Ahora el tema ha explotado con los maestros. Pero el gran monto de los abusadores está en la familia”, recuerda Paola. Según Unicef, el 65% de los casos de abuso sexual fueron cometidos por familiares y personas cercanas a la víctima.

En AAMPETRA se concentraron todos los fallos que se han evidenciado en el Aguirre Abad y en el Mushuk Pakari: las autoridades educativas desoyeron las denuncias y obstaculizaron la investigación; el rector acusó a la primera madre que denunció de actuar por despecho; y se colocó a la institución por encima de las víctimas.

* El nombre de los menores que aparecen en el reportaje ha sido modificado.

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