¿Qué pasó con los vendedores ambulantes desalojados en Bogotá?

Esta semana fueron reubicados en diversas zonas de la ciudad más de 300 vendedores ambulantes. Todo obedece a una operación de la Alcaldía de Bogotá que define como "reubicación de vendedores ambulantes, limpieza de la basura y rehabilitación de jardines". Los desalojos se realizaron en la Avenida Caracas, la Carrera Séptima y la Avenida Chile. En ellos participaron alrededor de 200 policías y funcionarios distritales.

Según algunos de los vendedores, desde las 6 de la mañana del martes 26 de enero, llegó la Policía Metropolitana y algunos cuantos funcionarios de la Alcaldía para llevarse su mercancía y sacarlos del lugar. Sin su mercancía, decidieron desplazarse a otros lugares, citarse a reuniones y hablar con el que sea necesario para que se tomen las medidas adecuadas para poder trabajar de nuevo.

¿A dónde se fueron? Decidí visitar la carrera Séptima y reunirme con varios grupos de vendedores ambulantes para que me contaran cómo ocurrió el desalojo y cuáles son las soluciones laborales que les prometió la Alcaldía.

Hagamos memoria. Cuando Peñalosa fue alcalde en 1998 decidió "entrar como un buldózer", como lo calificaron varios medios, para lograr sus metas de ciudad. En ese entonces, logró trasladar a los vendedores que estaban en la Carrera Décima, en el centro de la ciudad, a un local de la calle 13 con 31, que después fue convertido en un centro comercial. Con estas medidas, las personas tuvieron una respuesta negativa y se realizaron manifestaciones en oposición.

¿Suena familiar?

Un artículo de Semana publicado en 1998 pareciera estar relatando lo que ayer y hoy ha ocurrido en ciertas calles de Bogotá con los mandatos de Peñalosa: "Gran parte del énfasis de su administración [de Peñalosa] está puesto en el espacio público. Por eso entró como un buldózer y sus medidas para desalojar a los vendedores ambulantes terminaron en enfrentamientos con la policía. Los vendedores han protestado alegando que el Alcalde olvida el problema social y que les está quitando su medio de vida en una ciudad con más del 10 por ciento de desempleo". Pareciera que en Bogotá no pasara el tiempo.

Por eso, al igual que hace 15 años, las personas que hoy trabajan de manera independiente también reaccionaron de manera negativa a las medidas del alcalde. "Los vendedores ambulantes están desubicados, ya no tienen dónde trabajar", me dijo Félix Palacios Arenas, miembro de la junta directiva del Instituto para la Economía Social (IPES), la entidad del Distrito creada para apoyar y formalizar a las economías populares. Palacios, que es el representante de los vendedores ambulantes ante el IPES, está preocupado porque las medidas tomadas por el alcalde no han sido acompañadas por un proceso de concertación que les brinde un lugar dónde trabajar.

Por otra parte, el secretario de Gobierno, Miguel Uribe, dice que "las jornadas de intervención" han sido exitosas. El 27 de enero, en entrevista con W Radio, afirmó que sólo en la jornada se incautaron 40 gramos de estupefacientes y fueron capturadas dos personas por porte ilegal de armas. "Es decir", dijo, "que el espacio público tiene una relación directa con la seguridad". Adicionalmente, Uribe aseguró que el IPES les ofreció 215 alternativas de empleo a los 178 vendedores identificados en el operativo.

Hay dos lados en este debate: unos, por un lado, dicen que sí, que la ciudad se embellece y los andenes se convierten en un espacio donde el peatón es el protagonista. De hecho, un editorial de El Tiempo, publicado el 28 de enero, afirma que con esta reubicación "Bogotá empieza a rescatar el sentido de sus bienes colectivos, que no pertenecen a un particular ni a un segmento de la sociedad sino a todos los que gozan tanto del derecho a utilizarlos debidamente como del deber de garantizar su protección. Y ese es el mensaje que debe quedar claro".

Otros, al contrario, dicen que lo hecho es un atropello contra los vendedores ambulantes. Por ejemplo, para el senador Armando Benedetti, Peñalosa relacionó seguridad con ausencia de vendedores: "de alguna forma los está criminalizando. La gente es o trabaja de vendedor porque de pronto no tiene oportunidades", afirmó cuando lo entrevistaron en W Radio el pasado lunes 24 de enero.

Cuando me reuní con Félix en la Iglesia de Lourdes del barrio Chapinero de Bogotá, horas después de nuestra conversación telefónica, me presentó a cinco vendedores ambulantes desalojados de la Avenida Chile y me explicó, mientras caminábamos hacia la Alcadía de Chapinero, el descontento de este gremio.

Esto le oí decir a uno, a quien llamaré Luis, porque pidió la reserva de su nombre: "siempre que Peñalosa es alcalde, a nosotros nos desalojan y nos roban nuestra forma de trabajo, también nos pasó con Mockus". Claudia –que me pidió lo mismo que Luis– me contó que ya no tenían "ni para la posada de la noche, nos quedamos sin nada".

Según Luis, los policías llegaron a las 6 de la mañana del 26 de enero con Mauricio Jaramillo, alcalde de la localidad de Chapinero, "a llevarse a todo el mundo con sus mercancías". José, otro vendedor, afirma que esta es una medida mal manejada: "¿Peñalosa quiere una Bogotá para todos? Entonces explíquenme, ¿qué es esta discriminación? La solución que dicen que proponen debe ser inmediata, nuestras familias dependen de nosotros".

La pregunta aquí es si se puede o no desalojar a estas personas. El debate político se remonta a uno legal: la sentencia T-231 de 2014 de la Corte Constitucional que advierte:

"Así, una vez la administración inicia la ejecución de planes de recuperación del espacio público y desaloja a los comerciantes informales que desarrollan actividades económicas en una zona específica, las autoridades tendrán que hacer todo lo que esté a su alcance para reubicarlos en sitios donde puedan desarrollar su actividad de manera permanente y sin causar perjuicios a la comunidad, o darles la oportunidad para que emprendan nuevas actividades que les permitan asegurar su mínimo vital".

Ya que no pude recibir respuesta de Nadime Yaver, la directora del DADEP, me remití a su sitio web, que dice: "a partir de la sentencia T 772 de 2003 de la Corte Constitucional, la Administración profirió el Decreto Distrital Nº 098 del 12 de abril de 2004, por el cual se dictan disposiciones en relación con la preservación del espacio público y su armonización con los derechos de los vendedores informales que lo ocupan". De esta forma, se debe garantizar un proceso administrativo observado por las alcaldías locales y la Policía Metropolitana de Bogotá, antes de proceder a recuperar el espacio público frente a los vendedores informales.

Cuando llegamos a la Alcaldía nos encontramos con el alcalde menor de Chapinero, Mauricio Jaramillo, quien citó a los vendedores ambulantes de la Avenida Chile para hablar sobre sus alternativas laborales del futuro. Según él, las medidas se están tomando desde ya y van a seguir hasta que se consulten a todos los vendedores de la zona para poder llegar a un acuerdo.

La reunión consistió en atender en la jornada a 80 vendedores de la calle 72. Allí se les preguntó cuáles de las alternativas les funcionaba mejor. Las alternativas: puntos comerciales, kioskos, multicentros, centros comerciales, formación para el trabajo, proyectos de emprendimiento, reubicación y mercado social, entre otras. "Dichas alternativas están aseguradas para ellos", me dijo Jaramillo, el alcalde de Chapinero.

Por su lado, el secretario de Gobierno afirmó en entrevista con la W que la Alcaldía se está encargando de fortalecer la Institución para la Economía Social para asegurar las opciones laborales de los vendedores y no dejarlos desamparados.

Sin embargo, muchos de ellos no están contentos. Félix me dice que "hay personas acá que venden hamburguesas o perros y a ellos no les sirve que los pongan a vender gafas en un centro comercial. Lo mejor sería ver en qué somos buenos y garantizarnos una nueva fuente de recurso a partir de nuestras habilidades".

Actualmente, los vendedores están regados por todas partes, pero esta vez no están haciendo lo que han hecho por varios años. En la Séptima, el tramo peatonal se ve desierto, a pesar de que haya unos cuantos valientes que adaptaron sus chazas con ruedas por si llega la policía.

Doña Carmen, de 75 años, es una vendedora que, a pesar de su edad, está dispuesta a esconderse si pasa el camión. "Es un camión enorme con muchos policías adentro dispuestos a robarte toda la mercancía. Yo apenas los veo, corro. ¿Qué más puedo hacer? ¡Tengo 75 años! Yo ya no sirvo para trabajar en otra cosa, para eso están los jóvenes", me dijo cuando le pregunté por qué seguía trabajando en un lugar prohibido.

Hay otros que se quedaron, como Félix, en las mesas de diálogo. "Desde los desalojos hemos tenido varias reuniones: unas entre nosotros y otras con el Alcalde. Necesitamos soluciones porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados", afirma.

Y otros que simplemente se fueron para otro lado. Más allá de la Séptima peatonal se empezaron a conglomerar varios vendedores que afirman que "ahí no les pueden hacer nada por ahora". Mientras tanto, los puntos calientes de vendedores se están esparciendo por la ciudad, hasta que las medidas se tomen.

Parece que la historia de hace quince años se está repitiendo hoy, como si el tiempo no pasara. La ciudad, sus gobernantes, los directamente afectados, los medios que cubren las noticias, parecen no resolver ese problema de los vendedores ambulantes, sus alternativas y el uso del espacio público. No se ha podido.