Foto por Gerardo Alcocer
Día de acción global 'Apoye. No Castigue'.
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En el año 2012 —cuando México volvía a ser gobernado por el PRI y en medio de la etapa más violenta por el supuesto combate al narcotráfico— las organizaciones internacionales IDPC, INPUD, HRI, International HIV/AIDS Alliance crearon la campaña Apoye. No castigue para decir fuerte y claro que la guerra contra las drogas afecta más a la sociedad y a las comunidades que las drogas mismas, por lo que proponen seis puntos necesarios para centrar la política de drogas en la reducción de daños y la protección los derechos humanos:
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- El sistema de fiscalización de drogas ha fracasado y debe reformarse.
- Las personas que usan drogas deben dejar de ser criminalizadas.
- Las personas que participan en los eslabones bajos de la cadena de producción y tráfico de drogas, especialmente quienes lo hacen por razones de subsistencia o coerción, no deben enfrentar penas severas o desproporcionadas.
- La pena de muerte no debe ser impuesta por delitos relacionados con drogas.
- Las políticas de drogas deben centrarse en la salud y reducción de daños.
- Para el 2020 el 10 por ciento de los recursos globales invertidos en políticas de drogas deberían ser invertidos en salud pública y reducción de daños.
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Enfocar los esfuerzos en la reducción de daños significa reconocer que hay múltiples formas de atender adecuadamente la producción, distribución y uso de drogas para diseñar políticas públicas en este tema más allá de la guerra y de indicadores chafas que hablan poco de la realidad como incautaciones, quemas de cultivo y detenciones. Este tipo de estrategias impactan en la seguridad pública sin disminuir el número de usuarios o de consumos problemáticos. Se necesitan intervenciones de salud y educación para impactar en los usuarios sin violentar sus derechos humanos.