Congreso debate hoy una ley que para muchos sigue verde

​De ​timorata, ​chichipata​, ​tímida, ​acertada, ​peligr​osa y disparatada se ha tachado la iniciativa del senador Juan Manuel Galán que busca regular el uso medicinal de la marihuana en Colombia. Un debate largo y complicado, si se tiene en cuenta que uno de los principales retos es limpiar la imagen satanizada que recae sobre la planta, producto de varios años de políticas prohibicionistas, guerra contra las drogas y pegajosos comerciales sobre ​matas asesinas. Sea como sea, por momento histórico, misericordia del Sagrado Corazón de Jesús o por pura moda extranjera, el debate está abierto en el país.

Este miércoles 10 de diciembre los senadores darán un segundo debate al proyecto de ley. Hace un mes, cuando se llevó a cabo el primero, se hizo evidente que para muchos al proyecto le hacía falta una buena afinada. Pero como aún hay tiempo de meter manos, micos, goles y desechar lo que sobra, hay que confiar en que varios legisladores busquen madurar lo que aún anda verde.

"Creemos que es una iniciativa pertinente, oportuna, porque en el país se ha despertado, como en muchas otras partes del planeta, el tema de un nuevo enfoque frente a los cultivos de uso ilícito y también frente a las llamadas drogas ilícitas", me dijo esta semana el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, advirtiendo que dará la pelea porque la ley reconozca a los productores nacionales. "Ese nuevo enfoque tiene que ver con estudiar la manera de provocar paulatinas legalizaciones parciales con relación a este tipo de plantas y de drogas (…) desde esa perspectiva el Congreso de Colombia debería aprobar la iniciativa del senador Galán, siempre y cuando se regule también algunos aspectos".

¿Cuáles son los aspectos que estaría considerando modificar Cepeda? El fin de semana pasado, la corporación Acción Técnica Social (ATS) lanzó un ​especial de cannabis en el que da luces y consideraciones sobre el proyecto de ley, un manual de instrucciones o un llamado de atención a una iniciativa que ha estado más del lado de los expertos científicos, los cenáculos médicos y las empresas farmacéuticas; que de los colectivos cannábicos de base, cultivadores y los pequeños productores. Una primera gran falla, pues como lo advierte en una de las ​columnas Julián Quintero, director de ATS, "es bien conocido que grandes proyectos de reforma han sido frustrados porque el Estado ignora 'la consulta' como mecanismos de participación de los ciudadanos en la construcción de las normas que los afectan directamente".

Una de las principales preguntas que arroja el proyecto de Galán, es que no propone el modelo reglamentario que haría posible que la ley pase del papel a la práctica.

"La iniciativa presentada por Galán, aunque meritoria, representa una ínfima parte de todo el mecanismo reglamentario que se requiere", explica el sociólogo Ricardo Vargas en una de las ​columnas del especial de ATS. Este mecanismo, según Vargas, debe referirse a la producción de la materia prima, la importación de semillas, el apoyo a la investigación genética y los usos terapéuticos, los usuarios, la distribución, los médicos y las prescripciones, las EPS y, en fin, toda la cadena que haría posible una verdadera regulación de la marihuana medicinal.

Hace un mes, cuando ​hablé con Galán, el senador no tenía claros los protocolos médicos, las guías clínicas o la investigación científica necesarios para instaurar un modelo de regulación. A pesar de que insistía en que había que pensar un modelo "en sintonía con toda la realidad colombiana", se mostró sorprendido por el implementado en Colorado, que hacía apenas unos días había visitado. Según el senador, había qué identificar "qué tan restrictivos vamos a ser", para ubicar a Colombia en un espectro entre Washington D.C. (el modelo más restrictivo de marihuana medicinal en Estados Unidos) y California (el más laxo, según el senador).

En ese no saber qué hacer ni cuál modelo adoptar, parecía estárselo dejando todo al antojo del Ministerio de Salud, es decir, del Gobierno. El problema de dejarlo en manos del gobierno, según explica Ricardo Vargas, es que se "corre el peligro que la entidad responsable simplemente contrate un equipo de abogados que, sin conocimiento del tema, se limite al uso de tecnicismos jurídicos pasando por encima de la compleja realidad de su implementación".

Y entre esa compleja realidad, lo que sostienen los técnicos es que en Colombia, a diferencia de Colorado o Washington D.C., existen ​zonas de producción de marihuana que han sido el sustento de muchos campesinos durante años. Y si bien han sido sembradas para uso recreacional, e indirectamente terapéutico para los que hasta ahora han tenido que acudir al mercado negro para procurarse la medicina, "allí se puede observar una verdadera oportunidad de cambio en la orientación de la producción siempre y cuando se den estímulos y condiciones óptimas que permitan forjar un mercado interesante para los productores, que siguen siendo fuertemente criminalizados", como lo explica Vargas.

"Es necesario una perspectiva distinta a esa visión exclusivamente punitiva que ha habido con relación a este tema", advierte el senador Cepeda, añadiendo que este cambio de perspectiva "puede también conjugarse con otro hecho importante y es que como se sabe en la mesa de conversaciones de paz de La Habana, Cuba, se ha acordado preliminarmente en un punto –​el tercero de la agenda– un enfoque diferente con relación al tema del narcotráfico". Algo que va en la misma línea del lo propuesto en el último informe de la ​Comisión Global de Políticas de Drogas sobre la necesidad de descriminalizar a los productores y consumidores de drogas.

"Teniendo en cuenta que el tráfico ilegal de plantas prohibidas por la ley hace parte de los puntos de conversación del proceso de paz", escribe Quintero en su columna de ATS, "este aspecto deberá ser una respuesta practica para integrar especialmente a los cultivadores de cannabis, con el objetivo de integrar esta industria desde la legalidad y con fines que beneficien a la sociedad".

Uno de los aspectos que señala el senador Cepeda, es que el proyecto de ley debe evitar "afectar a los pequeños productores y a las semillas terapéuticas", pues esto terminaría "beneficiando exclusivamente a las farmacéuticas trasnacionales".

Es ​uno de los principales miedos que han expresado quienes actualmente elaboran productos a base de cannabis. Cepeda advierte que hay que tomar "las previsiones necesarias para que una medida que es de por sí de carácter progresista, no vaya a lesionar intereses de productores nacionales que puedan eventualmente beneficiarse con esta iniciativa".

Según Julián Quintero, la demanda ilegal de la marihuana y los productos que se derivan de ella, ha incrementado con el debate mundial del uso terapéutico de la planta. Allí se ha generado toda una industria informal, que ha desarrollado empíricamente un conocimiento sobre las bondades y los potenciales del cannabis. "Es necesario que el Estado considere la regulación e incorporación de estas prácticas artesanales y ancestrales al uso terapéutico y medicinal del cannabis", advierte Quintero. "Dejar por fuera esta dinámica de cultivo, distribución, adquisición y uso del cannabis con fines terapéuticos y medicinales, dejaría por fuera no sólo un sinnúmero de personas y organizaciones que han refinado sus procedimientos, sino que además desconocería la evidencia que han aportado para el cambio de la política de drogas y nos dejaría a merced de estafadores, charlatanes y timadores que rondan el entorno de las innovaciones medicinales".

En este sentido, Quintero explica que en Colombia existen diferentes especies de cannabis reconocidos en el mundo por sus cualidades medicinales, que es necesario proteger de los monopolios internacionales que pretenden instaurarse sobre las semillas. Por el contrario, advierte Quintero, lo ideal sería insertar las nacionales en la competencia del mercado mundial.

"Debería el Estado blindar esa producción nacional del juego de oligopolios transnacionales del cannabis", opina Ricardo Vargas en este mismo sentido, "a través de la fijación de reglamentaciones claras y transparentes sobre transacciones bien por importaciones de semillas o genes en donde tanto la investigación nacional como las zonas productoras puedan desarrollar sus propósitos, sin que se limiten por la presencia de intereses privados en el marco del manejo de patentes y el comercio transnacional".

Es quizá a esto a lo que apuntaba la senadora ​Viviane Morales cuando en el primer debate del proyecto logró que se incluyera un artículo que prohíbe la importación de medicamentes a base de cannabis. "Yo creo que nosotros podemos darnos a la tarea de producir en forma rápida todas las medicinas antes que nos invadan los medicamentos hechos con cannabis made in California", advirtió entonces Morales, quien en un golpe de lucidez añadió: "para que por lo menos el negocio que se abre con su producción le quede algo al país, que ha perdido tanto para llegar a este momento de la historia".

Esperemos que los legisladores, en lugar de estar pasteleando modelos extranjero al pié de la letra, comiencen a pensar uno propio. Y que en La Habana en vez de proponer un​ Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que tendría la potestad de rociar glifosato sobre los campesinos que se nieguen a arrancar sus cultivos; aten cabos y los incorporaren a la cadena de producción de lo que podría ser la locomotora nacional de marihuana medicinal. De esta manera, el proyecto del senador dejaría de tener "una carga simbólica" simplemente, como se lo dijo a VICE cuando le preguntó por el impacto de este sobre el narcotráfico y el conflicto; y adquiriría un carácter más en sintonía, ahora sí, con la realidad colombiana.

A Julio C. lo pueden seguir por twitter como ​@martinsubmarine